Nuevas perspectivas para del deporte argentino. Hacia la (re)construcción de un paradigma.
Por Osvaldo Jara (*)
La perfornance de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos dejó un saldo negativo. El balance de la competencia no fue el esperado. La medalla plateada de Las Leonas, además de las bronceadas en vóley y en Rugby Seven, no alcanzaron para acallar las críticas.
El periodismo liberal y/o progresista suele observar el rendimiento en el alto nivel para evaluar una política deportiva. Por esta razón este concepto termina en una consigna trillada, viciada en el contenido y funcional a los objetivos de la cultura podio. La idea de mensurar el éxito o fracaso de una gestión deportiva resulta el principio de la argucia con que opera esta mirada.
A este paradigma se le opone el conformado por el peronismo. Sobre una comunidad deportiva establecida se consolida un proyecto expansivo, alcanzable a todos los sectores. Se trata de un proceso transformador y participativo.
Para no incurrir en errores es necesario definir qué es una política deportiva. Resulta imprescindible para establecer parámetros y no confundir los objetivos que debemos trazar. De no hacerlo se corre el riesgo de instalar modelos de manera acrítica y sin fundamentos.
Para ampliar la lente debemos entender que la alta competencia no es el valor único para analizar un proceso político/deportivo. El punto de discusión no puede partir de un resultado en una competencia olímpica, aunque no quiere decir que deba ser obviada.
La raíz de la cuestión es evadir la matriz liberal con que se asienta la estructura ideológica e instrumental del deporte. Resulta imperativo desmadejar esta trama para sortear la trampa que garantiza su funcionamiento.
Es momento de cuestionarse modos, prácticas y recorridos que establecieron un statu quo. Sólo de esa manera se puede tratocar la pasividad con que funcionarios y dirigentes proceden ante el avasallamiento de la sinergia corporativa.
Una política deportiva es el proyecto que tiene un Estado con respecto al deporte, la actividad física y la recreación. Este tipo de intervención se encuentra relacionada con las organizaciones deportivas y su objetivo es el ensanchamiento de las bases en todos los sectores sociales y etarios. A partir de esta definición podemos plantear directrices para un nuevo horizonte.
En toda política deportiva se debe incluir a la educación física que se dicta en el área educativa. Su desarrollo y fundamentos provienen de distintas vertientes, de ahí la importancia y riqueza de la misma. A los fines de destacar su relevancia resulta pertinente un abordaje por separado.
PREMISAS PARA LA NUEVA HORA
Muchas veces se planteó la necesidad de aplicar las leyes del deporte. Nuestro país fue señero en este sentido, conformando un lúcido y profuso trabajo en materia de derechos. La Ley 20.655 es la más importante, contemplando los principales postulados de la cultura peronista del deporte. Dicha legislación no fue tenida en cuenta hasta su reglamentación en 1989. Si bien se la aplicó durante breve lapso resultó muy trascendente para evidenciar su importancia. Esta ley fue actualizada en 2015.
El momento requiere de una organización que emerja de las bases, de las células que traccionan al deporte argentino. Esto no significa la conformación de una estructura paralela al Estado, sino todo lo contrario. El acople de la política estatal encuentra sentido en la confluencia con las fuerzas colectivas populares.
La comunidad deportiva se debe reordenar a partir de una participación colectiva, canalizada de manera institucional. Se lo hace estableciendo una democracia desde abajo hacia arriba, y no al revés. Esto significa revertir la forma de conducción, donde se propicie la habilitación de espacios para la toma de decisión conjunta.
Esta premisa resulta trascendental para reconstruir el escenario y para ello se necesita de las herramientas ya diseñadas en la mencionada ley. Una de ellas son los Consejos Municipales del Deporte y la Actividad Física. Se trata de una instancia que origina el primer paso en el ensamble de una política pública. Es un ente autárquico y descentralizado conformado por un directorio integrado por tres representantes de organismos municipales y tres representantes de asociaciones civiles deportivas insertas en cada distrito. Estos consejos tienen la atribución de intervenir en la planificación y articulación de políticas deportivas municipales, lo que implica el compromiso de clubes barriales, asociaciones y federaciones.
El desarrollo de estos entes se amplía de modo concéntrico hacia los Consejos Regionales, integrados por todas las provincias del país, dividido en las ocho regiones. Estos tienen las mismas características que el anterior, contempla las necesidades de cada lugar y lleva las inquietudes al Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física. Es precisamente este último el que garantiza la participación democrática, participativa y federal. Su rol es funcionar como el parlamento del deporte, en donde se decide sobre las principales problemáticas en este ámbito.
El papel de las organizaciones deportivas
Las organizaciones libres del pueblo resultan fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva, física y recreativa. Estas instituciones garantizan la formación de atletas y dirigentes . Los clubes de barrio y de pueblo de todo el país tienen un rol crucial en la constitución del tejido deportivo y social. En los últimos años lograron aglutinarse en defensa de sus inquietudes e intereses. En 2014 se logró la sanción de la Ley de Clubes de Barrio y de Pueblo (27.098) gracias a la militancia de sus dirigentes.
La falta de reglamentación impidió el cumplimiento efectivo de esta normativa. La tarifa social fue un derecho conculcado; durante el macrismo estas instituciones sufrieron virulentos aumentos en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Esta situación los puso al borde del colapso, generando deudas impagables y con amenaza de corte. La reglamentación continúa siendo una deuda pendiente y preocupante. Su puesta en práctica es una promesa de esta gestión y una necesidad que no admite demoras.
Los problemas de documentación que tiene gran cantidad de clubes de todo el país requiere de una inmediata resolución. Se necesita de una política pública basada en la teritorialidad, trabajando en conjunto con las entidades y asociaciones deportivas que no están administrativamente en regla.
En las periferias existen espacios donde se practican actividades deportivas y recreativas que congregan a las franjas menos favorecidas. Son sociedades de fomentos, asociaciones civiles, incipientes clubes, todas con muchas necesidades. Sobre la base de éstas se deben conformar clubes con el apoyo de la estructura estatal. En esta línea, la participación de los movimientos sociales son imprescindibles para el desarrollar este trabajo en miles de barrios y pueblos de toda la geografía nacional.
Estas instituciones, consideradas de primer grado, son el núcleo transformador del circuito deportivo. Por ello es necesario asegurar la inclusión de la mayor parte de la comunidad, para el desarrollo integral de todos los sectores sociales. En este marco, es necesario el cumplimiento de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte, iniciativa que logrará que más de dos millones y medio de niños y adolescentes vayan a los clubes y polideportivos a practicar actividades. Este derecho es un cuenta pendiente, a pesar de estar institucionalizada a través de una legislación.
Circuito federado
Este paradigma tiene que producir fuerzas sinérgicas, que valore el proyecto desde la base hasta la alta competencia. Esta última área es la más visible, aunque no más importante que las restantes. En este sentido, se debe evaluar el funcionamiento de la estructura. Más allá del rendimiento en la última competencia olímpica resulta pertinente revisar algunas instancias que hacen al alto nivel.
El órgano de aplicación de la Ley del Deporte es un directorio integrado por representantes orgánicos de todos los sectores, entre ellos la Confederación Argentina de Deportes (CAD). Su funcionamiento efectivo le daría al circuito federado un valor de peso, a través de la expresión de las asociaciones, federaciones y confederaciones nacionales y provinciales.
El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) debe replantear su modelo. Para ello es necesario romper el esquema binario (Secretaría de Deportes de la Nación /Comité Olímpico Argentino) y democratizar su gobernanza con otros representantes, tanto del circuito federado como del comunitario. De esta manera se evita la cooptación de deportistas y dirigentes bajo el influyo de corporaciones. Por otro lado, su fuente de recaudación debe provenir de los privados. Se debe restablecer un mecanismo similar al impuesto del 1 % a la telefonía celular que financiaba al ente y que fue borrado de un plumazo por el gobierno de Cambiemos.
Otro aspecto importante es el mantenimiento y ampliación de los predios deportivos. Durante estos años se discutió sobre la necesidad de construir centros de mediano y alto rendimiento en todo el país. El criterio para realizarlo se debe dar en el marco de los consejos regionales y el Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física, entes facultados para aprobar, sugerir y confeccionar planes y proyectos.
Continuando con esta línea resulta fundamental la defensa de los predios deportivos extistentes. Para ello se debe garantizar legalmente la inviolabilidad de estas instalaciones, sujetas a la voracidad inmobiliaria, como es el caso del Cenard y espacios aledaños. Hasta el momento, la precariedad legal con que cuentan hace peligrar una continuidad futura. La comunidad deportiva organizada debe obligar a la dirigencia política, interesada, cómplice o pasiva, según el caso, a terminar con la incertidumbre. De lo que se haga en este tiempo depende la suerte del patrimonio del deporte nacional.
Los resultados en los últimos Juegos Olímpicos nos da la posibilidad de debatir sobre la construcción de un nuevo proyecto deportivo. El reordenamiento de la comunidad deportiva requiere de una organización que emerja de las bases, garantizando una participación colectiva e institucional.
Una política pública se debe montar sobre esta nueva estructura, una planificación que apunte a masificar la actividad. Dicha política debe realizarse bajo la conducción conjunta entre el Estado y las fuerzas colectivas del deporte. Sólo de esa manera se caminará hacia un nuevo horizonte.
(*) Periodista y Escritor. Miembro del Movimiento Social del Deporte
Autor de Periodista y Deporte (I y II). Cultura Deportiva Argentina, entre otros textos.
